El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó este lunes el inicio formal de los operativos de control y registro para asegurar el cumplimiento de la Ley 90/10 en el acceso norte de Caleta Olivia, sobre la Ruta Nacional 3. La nueva normativa provincial establece que al menos el 90% de los puestos de trabajo en empresas que operan en la provincia deben ser ocupados por santacruceños o personal con residencia comprobada.
Junto al gobernador estuvieron presentes el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, la diputada por el Pueblo de Caleta Olivia, Patricia Urrutia, y el secretario de Estado de Seguridad, Bruno Gómez, además de autoridades policiales, municipales y equipos de los Ministerios de Seguridad, Trabajo, Producción, Transporte, Protección Civil y Bomberos.
Cambios: residencia comprobada y combate a la simulación
El mandatario provincial fue categórico al justificar la implementación de la nueva ley, que reemplaza al cuestionado esquema 70/30: “Durante muchos años la vieja Ley 70/30 se aplicó al revés, había más trabajadores de afuera que santacruceños. Eso se terminó”, sentenció Vidal.
La nueva ley busca evitar las prácticas que distorsionaron la norma anterior, como la simulación de domicilio. Para ser considerado trabajador local bajo la nueva regulación, se exige una residencia comprobada de al menos seis años en la provincia, además del domicilio inscripto en el DNI y un certificado de residencia oficial.
En este sentido, el gobernador advirtió sobre las irregularidades detectadas en el pasado: “Las empresas mineras enviaban información al Ministerio de Trabajo que no era certera. En muchos casos figuraban 20 o 30 trabajadores en un mismo domicilio, y eso no era real. Así incumplían con la ley anterior. Esta vez, con la 90/10, se va a controlar con rigurosidad”, sostuvo el Gobernador en el marco de los operativos que se extenderán entre 30 y 35 días.
Extensión de controles y desafíos en el sector productivo
El despliegue de Caleta Olivia marca el inicio de una serie de controles interinstitucionales que se extenderán a toda la provincia, abarcando yacimientos petroleros y mineros, represas, y obras públicas y privadas, incluyendo verificaciones en aeropuertos y terminales. El objetivo es un relevamiento integral de trabajadores y empresas para verificar el cumplimiento efectivo y fortalecer la presencia estatal.
“No se trata solo de un registro -remarcó Vidal-, es una decisión política que marca un antes y un después en nuestra provincia. Queremos saber quiénes trabajan, dónde, y que las empresas cumplan con la ley. Porque si el trabajo no queda en manos santacruceñas, no hay desarrollo posible”, enfatizó el primer mandatario, al tiempo que cuestionó la falta de responsabilidad social empresarial en la capacitación de jóvenes locales y la inacción de gobiernos anteriores.
La puesta en marcha de los operativos de la Ley 90/10 en Caleta Olivia no es solo una acción de fiscalización, sino un manifiesto del compromiso político del Gobierno de Santa Cruz con el empleo local. A pesar de los desafíos reconocidos en la aplicación de la ley, especialmente en sectores técnicos como la minería, el mensaje del gobernador Claudio Vidal se mantuvo firme en el acceso norte de la ciudad: “Este es el camino: cumplir la ley, defender el trabajo santacruceño y construir una provincia más justa, con igualdad de oportunidades para todos”.